Martes, 9 de junio de 2026 BOE núm. 140

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos) convoca un proceso selectivo para cubrir una plaza de Encargado de Servicios Múltiples como personal laboral fijo. Puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos, ya que el acceso es en turno libre mediante concurso-oposición. Las bases completas están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos del 1 de junio de 2026. El plazo para entregar solicitudes es de **20 días hábiles** desde el día siguiente a la publicación en el BOE, es decir, desde el **10 de junio de 2026**.

El Ayuntamiento de Balaguer (Lleida) ha corregido las bases de una convocatoria para cubrir una plaza mediante oposición. Afecta a todas las personas que quieran participar en ese proceso selectivo. Los cambios concretos están recogidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida número 103, del 2 de junio de 2026, aunque en este anuncio del BOE no se detallan cuáles son. La convocatoria original se publicó en el BOE el 23 de mayo de 2026 y las bases iniciales en el boletín provincial el 4 de mayo de 2026. Quien tenga interés en participar debe consultar la rectificación publicada en el boletín provincial para conocer las condiciones actualizadas, ya que estas sustituyen a las anteriores.

La Universidad de Granada convoca 3 plazas de **Profesor Titular de Universidad** mediante concurso de acceso, reservadas específicamente para investigadores que hayan completado el **Programa Ramón y Cajal u otros programas de excelencia** (nacionales o internacionales) y cuenten con el **Certificado I3 o R3**.

Pueden presentarse ciudadanos españoles, de la UE o de países con acceso equivalente a la función pública española, que cumplan los requisitos de acreditación establecidos en la normativa vigente.

El coste total de las contrataciones asciende a **59.792,66 euros**, con cargo al presupuesto de la Universidad de Granada para 2026.

El texto publicado no especifica los plazos concretos de presentación de solicitudes, por lo que es imprescindible **consultar el anexo I de la resolución** en el BOE del 9 de junio de 2026 para conocer las fechas límite y los detalles de cada plaza.

La Universidad de Alcalá convoca **2 plazas de Profesor Titular de Universidad** mediante concurso de acceso, financiadas con la tasa de reposición del 120% correspondiente a bajas del año 2022.

Pueden participar ciudadanos españoles o de la UE, mayores de 16 años y sin jubilación, que cuenten con **acreditación vigente** (RD 678/2023 o RD 1312/2007), habilitación previa, o certificación I3/R3 del programa Ramón y Cajal.

Los candidatos extranjeros con lengua materna distinta al castellano deben **acreditar nivel C1 de español** en el momento de presentar la solicitud.

El proceso se rige por la normativa universitaria aprobada en abril de 2024 y la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. **Los plazos concretos de solicitud no aparecen en el fragmento publicado**, por lo que conviene consultar el anexo completo en el BOE del 9 de junio de 2026.

La Universidad Politécnica de Madrid corrige dos errores materiales en la convocatoria de oposiciones para la Escala Administrativa (Subgrupo C1) publicada el 19 de mayo de 2026. Afecta a todas las personas aspirantes de esa convocatoria, especialmente a quienes participan por el cupo de reserva para personas con discapacidad. El primer cambio aclara que los aspirantes con discapacidad que no obtengan plaza por su cupo pueden pasar al sistema general **sin mencionar la fase de Concurso** en ese cálculo. El segundo corrige la referencia al temario: el tema 23 ahora apunta al **Título I completo** y al **capítulo VI del Título II** de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, no al Capítulo IV del Título I y al Título VI. Quienes quieran recurrir esta resolución tienen **un mes** para recurso de reposición o **dos meses** para recurso contencioso-administrativo, ambos desde el día siguiente a su publicación el 9 de junio de 2026.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprueba las conclusiones de la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre HUNOSA (empresa pública minera asturiana) correspondiente al período 2019-2022. Afecta directamente a HUNOSA, al Gobierno central y al Gobierno del Principado de Asturias. Los cambios exigidos son reducir costes estructurales, acelerar la conversión de la Central Térmica de La Pereda en central de biomasa (elemento clave del plan empresarial y que ya acumula retrasos), diversificar hacia servicios energéticos y potenciar actividades como la Brigada de Salvamento Minero. No se fijan plazos concretos, aunque todo se enmarca en el Plan de Empresa 2019-2027 vigente.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó el 16 de abril de 2026 una resolución sobre la gestión de SEPES (ahora renombrada CASA47 Entidad Estatal de Vivienda) en materia de vivienda pública entre 2018 y 2023. El informe detecta que los procesos urbanísticos para obtener suelo residencial se alargan demasiado, encarecen los proyectos y retrasan la respuesta a la demanda de vivienda asequible. Afecta directamente a CASA47 y al Gobierno, a quienes se les exige actuar: revisar y publicar el inventario de suelo sin uso, mejorar contratos y convenios con plazos concretos, y estudiar reclamaciones de daños cuando fallen los contratistas. Se impulsan cambios legislativos para simplificar los trámites urbanísticos y mejorar la coordinación entre administraciones. No se fijan fechas límite concretas, pero se obliga a reuniones de seguimiento al menos anuales y a remitir el inventario de patrimonio inmobiliario ocioso a esta Comisión Mixta.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprueba las conclusiones de la auditoría del Instituto para la Transición Justa (ITJ) correspondiente al ejercicio 2023, reconociendo deficiencias en su gestión. Afecta directamente al ITJ (organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) y, de forma indirecta, a los territorios y beneficiarios de sus subvenciones ligadas a fondos europeos. Se exige al Gobierno que evalúe si el Instituto es eficaz y, si no lo es, que lo disuelva; mientras tanto, el ITJ debe mejorar la gestión de subvenciones, elaborar manuales para solicitantes, justificar el uso de fondos europeos y reforzar sus recursos humanos para reducir la externalización. No se fijan plazos concretos en el texto, por lo que las medidas quedan como mandatos políticos sin fecha límite establecida.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprueba las conclusiones de la auditoría sobre las ayudas de Renfe Viajeros a los viajeros de tren (abonos gratuitos y descuentos) durante el último cuatrimestre de 2022 y todo 2023. Afecta directamente a Renfe Viajeros y al Gobierno, que debe corregir múltiples deficiencias detectadas. Los cambios exigidos incluyen modernizar los sistemas informáticos de venta y control de billetes, formalizar los contratos pendientes con Cataluña, Aragón y Extremadura, auditar los 48 millones de euros en fianzas de tarjetas no devueltas, e incorporar análisis de género e impacto en sostenibilidad en futuras ayudas al transporte. No se fijan plazos concretos, salvo que la formalización de los contratos de Obligaciones de Servicio Público con las comunidades autónomas se califica expresamente de urgente.

La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas aprobó el 16 de abril de 2026 una resolución sobre cómo ADIF y ADIF-Alta Velocidad están gestionando los fondos del Plan de Recuperación (Next Generation EU) hasta finales de 2024. Afecta directamente a ambas entidades públicas ferroviarias y, de forma indirecta, a sus contratistas, medios propios como INECO y a los órganos de control interno y externo. Los principales cambios exigidos son: corregir fallos en la prevención de conflictos de interés, mejorar la seguridad informática de los sistemas de gestión de fondos, auditar el 55% de modificaciones contractuales detectadas como irregulares y desglosar correctamente los gastos no elegibles antes de pedir dinero a la UE. No se fijan plazos concretos en el texto, aunque se usan expresiones como **"sin dilación"** e **"inmediata"** para las medidas más urgentes, especialmente las relativas a sistemas informáticos y al plan contra prácticas colusorias en licitaciones.

La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas aprueba las conclusiones de la auditoría del Museo Reina Sofía sobre el ejercicio 2021, detectando graves deficiencias en inventario de obras de arte, contabilidad y seguridad. Afecta directamente al Museo Reina Sofía, su dirección, el Ministerio de Cultura y los órganos rectores del museo. Las principales obligaciones son: completar el inventario y valoración de las obras de arte, formalizar contratos de seguridad y protección contra incendios, elaborar manuales internos de procedimiento y presentar informes mensuales de control de obras al Ministerio. El plazo más crítico es el **31 de diciembre de 2026**: si para esa fecha no se ha actualizado el inventario y la valoración del patrimonio, el director del Museo deberá ser cesado. También se insta al museo a corregir con urgencia los retrasos en la aprobación y rendición de cuentas anuales, bajo la amenaza de condicionar la financiación futura a su cumplimiento.

La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas aprueba las conclusiones de la auditoría sobre cómo ENISA (Empresa Nacional de Innovación) gestionó sus préstamos a pymes en 2023, detectando fallos relevantes en sus procedimientos internos. Afecta directamente a ENISA y, de forma indirecta, a las pymes financiadas con fondos públicos a través de esta entidad. Los principales cambios exigidos son: actualizar los manuales de riesgo, reducir la dependencia de asistentes técnicos externos, publicar toda la información en el portal de transparencia, verificar los datos de los solicitantes y justificar 216 millones de euros en impagos. No se fijan plazos concretos, aunque se urge a agilizar la firma de convenios para no perder fondos europeos y a elaborar un plan de futuro ante la previsible reducción de actividad cuando concluya la gestión de esos fondos.

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) firman un acuerdo para que la Policía Local de ese municipio acceda y use el Sistema VioGén, la base de datos nacional de seguimiento de casos de violencia de género. Afecta directamente a las víctimas de violencia de género residentes en La Algaba, cuyas situaciones de riesgo podrán ser monitorizadas también por los agentes locales, y a los propios policías locales, que asumen nuevas responsabilidades de seguimiento. El cambio principal es que la Policía Local pasa a coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de una plataforma compartida, mejorando la respuesta ante posibles nuevas agresiones. El convenio se firmó el 28 de mayo de 2026 y se publicó en el BOE el 9 de junio de 2026.

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) firman un acuerdo para que la Policía Local de este municipio acceda y use el sistema informático VioGén, la base de datos estatal que hace seguimiento de los casos de violencia de género. Afecta directamente a los agentes de la Policía Local de Fortuna y, sobre todo, a las víctimas de violencia de género del municipio, que verán mejorada su protección al coordinarse mejor las actuaciones locales con las estatales. El cambio principal es que la Policía Local podrá consultar y actualizar los expedientes de riesgo de las víctimas en tiempo real, algo que antes solo hacían la Guardia Civil y la Policía Nacional. El convenio se firmó el 28 de mayo de 2026 y se publicó en el BOE el 9 de junio de 2026.

**Qué es:** Renfe-Operadora prorroga y modifica su acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos para que estudiantes de esta universidad puedan hacer prácticas externas (curriculares, extracurriculares, TFG y TFM) en la empresa ferroviaria.

**A quién afecta:** A los estudiantes matriculados en la URJC que quieran realizar prácticas en Renfe, y a ambas instituciones como partes firmantes.

**Qué cambia:** Se prorroga el convenio original firmado en mayo de 2022 y se incorpora una modificación obligatoria relacionada con la **cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas**, exigida por cambios legales que ya han entrado en vigor.

**Plazos importantes:** El convenio original duraba 4 años (desde mayo de 2022) y esta adenda lo prorroga hasta un máximo de 4 años adicionales. La adenda se firmó el **4 de mayo de 2026** y se publicó en el BOE el **9 de junio de 2026**.

**Qué es:** España reparte su cuota de atún rojo para 2026 (7.938,81 toneladas) entre las distintas flotas pesqueras nacionales, incorporando además nuevas obligaciones internacionales acordadas en la CICAA en 2024 y 2025.

**A quién afecta:** A todas las flotas españolas que pescan atún rojo: embarcaciones de cebo vivo del Cantábrico, palangre, cerco mediterráneo, almadrabas, cañeros canarios, artes menores y buques artesanales del Estrecho.

**Qué cambia:** Se integran las recomendaciones internacionales más recientes (24-05, 25-04 y 25-01), incluyendo un proyecto piloto de cría de atún rojo y rabil en Canarias, y se actualizan las condiciones específicas de gestión de la pesquería conforme al Real Decreto 46/2019 ya modificado en abril de 2026.

**Distribución clave:** Las mayores cuotas corresponden a la flota de cerco mediterráneo (25,23%), almadrabas (24,22%) y cebo vivo del Cantábrico (19,37%); se reserva un 0,4% para cubrir posibles sobrepases.

**Vigencia:** Aplicable durante la campaña de 2026, publicada el 9 de junio de 2026.

La Dirección General de Pesca Sostenible notifica que la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden que fija límites de capturas de gamba roja por buque en el stock ARA/GF1-7. El recurso impugna la Orden APA/280/2026, de 18 de marzo, publicada en el BOE el 27 de marzo. Cualquier persona o entidad con interés en este asunto puede personarse en el proceso como parte demandada. Para hacerlo, dispone de **9 días hábiles** a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOE (9 de junio de 2026), es decir, el plazo vence aproximadamente el **20 de junio de 2026**. Quien no se persone en plazo perderá la oportunidad de defender su posición en este procedimiento judicial.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actualiza los precios de referencia del suelo que usa para calcular el canon que pagan quienes ocupan terrenos de dominio público hidráulico (cauces, riberas, etc.). Afecta a cualquier particular, empresa o administración que tenga una concesión o autorización de ocupación de estos terrenos en Asturias, Cantabria, Burgos, León, Lugo, Navarra, Álava, Guipúzcoa o Vizcaya. El cambio concreto es la subida de los valores de referencia del suelo urbano y rústico por provincia, que se aplicarán cuando no exista una tasación técnica específica en el expediente. Estos nuevos valores se aplican desde la publicación en el BOE el 9 de junio de 2026. No hay plazo de alegaciones, ya que no es un procedimiento sancionador ni autorizatorio, sino una actualización de tarifas aprobada por la Junta de Gobierno el 22 de abril de 2026.

Esta orden resuelve el reparto de capacidad eléctrica disponible en el nudo de Meirama 220 kV (Galicia) para instalaciones renovables, con un total de 408 MW en juego. Afecta a siete empresas que presentaron solicitudes: Field Iberia BESS, Naturgy Renovables, GNERA Energía y Tecnología, Coventina Renovables (tres solicitudes) y Norvento. El concurso asigna definitivamente qué proyectos pueden conectarse a la red eléctrica de transporte en ese punto, dentro del marco de transición justa asociado al cierre de la central de Meirama. Los hitos clave del proceso ya han ocurrido: admisión de solicitudes en julio de 2025, evaluación técnica en diciembre de 2025 y sesión de valoración del Comité el 16 de enero de 2026. La resolución final se publica el 9 de junio de 2026, lo que marca el inicio de los plazos que cada empresa adjudicataria deberá cumplir para mantener la capacidad concedida.

La Dirección General de Planificación y Coordinación Energética autoriza a Enresa a construir un almacén para guardar residuos radiactivos procedentes del reprocesado en Francia del combustible nuclear usado en la central Vandellós I (Tarragona), que está actualmente en proceso de desmantelamiento. Afecta directamente a Enresa como empresa gestora, y de forma indirecta a la población y el entorno del municipio de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona). El cambio principal es que ahora Enresa tiene luz verde para iniciar la construcción física del almacén, tras contar con la evaluación de impacto ambiental favorable (marzo de 2026) y el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (mayo de 2026). Como condición previa al inicio de las obras, Enresa ya acreditó el 22 de mayo de 2026 que todas las medidas ambientales están definidas y presupuestadas. La resolución no agota la vía administrativa, por lo que puede ser recurrida ante el órgano superior correspondiente.